La Contraloría General de la República emitió el informe de Auditoría de cumplimiento N° 081-2023-2-0337, mediante el cual se determinó un perjuicio por económico por S/ 871 014 en la Municipalidad Provincial de Huaraz, a consecuencia observaciones hechas en la obra de mejoramiento de la carretera de integración de los caseríos del centro poblado de Atipayán, en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz.
El periodo de evaluación del informe se extiende del 1 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2022, y comprende las fases de reformulación del expediente técnico, procedimiento de selección y ejecución de la obra.
Según el informe, servidores de la Entidad aprobaron el expediente técnico reformulado, sin certificación ambiental y con partidas sobredimensionadas. Asimismo, consideraron el sistema de contratación a suma alzada y exigieron la acreditación de requisitos no establecidos en las bases estándar, para luego otorgar conformidad a valorizaciones y recepcionar la obra, a pesar que no cumplían con las especificaciones técnicas y la normativa aplicable. Estas situaciones restringieron la libertad de concurrencia y competencia de postores, afectaron la infraestructura vial.
Siete funcionarios y/o servidores públicos tendrías presunta responsabilidad penal, administrativa y sujeta a Proceso Administrativo Sancionador de la Contraloría (PAS), por ello el informe fue derivado a Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, al Órgano Instructor de la Contraloría y al alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, con la finalidad de que inicien las acciones que les correspondan.
Entre el 2019 y 2020 la entidad aprobó el expediente técnico reformulado sin contar con la certificación ambiental, considerando su elaboración para la etapa de ejecución, a pesar que dicho instrumento de gestión debe ser aprobado y elaborado antes del inicio de la obra. Asimismo, contenía partidas sobredimensionadas respecto al movimiento de tierras, lo que incrementó el presupuesto de obra
Durante el procedimiento de selección, incluyeron como requisito en la experiencia del postor en la especialidad, el acreditar componentes de infraestructura en cantidades específicas, aun cuando las bases estándar solo establecían un monto facturado no mayor a una vez el valor referencial de la contratación en la ejecución de obras similares durante los últimos 10 años, lo que limitó una competencia efectiva de los postores.
Posteriormente, durante los años 2020 y 2020 la entidad dio conformidad a las valorizaciones durante la ejecución, a pesar que los materiales utilizados incumplían las especificaciones técnicas y contenían metrados no ejecutados. Asimismo, recibieron la obra a pesar que incumplía las especificaciones técnicas y la normativa aplicable, lo que afectó la finalidad de la infraestructura vial y ocasionó un perjuicio económico por S/ S/ 871 014.
Durante dicho periodo se aprobaron dos suspensiones de plazo, una paralización de obra, así como, la aprobación de un adicional deductivo vinculante y un adicional de obra. Estos hechos ocasionaron que el plazo de ejecución de obra se extienda hasta 371 días más de la fecha límite establecida primigeniamente (28 de abril de 2020), siendo así que la obra concluyó en mayo de 2022.
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